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30/01/2014

A partir del 1 de Febrero cambiamos CCC por IBAN

Para completar el proceso de Unión Monetaria iniciado en 2002, y para extender las ventajas de los pagos en efectivo a los que no lo son, nace la Zona Única de Pagos en Euros (en adelante, SEPA).
La SEPA está integrada por los 28 países de la UE y por Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza, y permite que todas las operaciones en euros realizadas entre los países participantes queden sujetas a un conjunto de reglas y condiciones homogéneas, con las mismas condiciones básicas, derechos y obligaciones, y ello con independencia de su ubicación y de que esos pagos impliquen o no procesos transfronterizos.
Es por esto que a partir del 1 de Febrero de 2014 todas las transferencias y domiciliaciones que se realicen en España y en el resto de la zona Euro serán únicamente SEPA.
Principales implicaciones:
- Las cuentas bancarias dejarán de identificarse por el Código Cuenta Cliente para hacerlo por el código internacional IBAN. Asimismo, las entidades bancarias se identificarán mediante el código BIC.
- La normativa sobre servicios de pago regula los plazos de ejecución, fecha valor y disponibilidad de los fondos de forma que en las operaciones emitidas la fecha valor no podrá ser anterior al momento de cargo en su cuenta y en las recibidas no podrá ser posterior al día hábil de recepción de los fondos por su entidad y la disponibilidad de los fondos será inmediata después de dicha recepción.
- La normativa de servicios de pago amplía y mejora la información sobre los pagos que realice y reciba.
- Se institucionalizan los gastos compartidos, estableciendo que el ordenante abonará los gastos cobrados por su entidad y el beneficiario, en caso de que los hubiera, pagará los gastos cobrados por la suya. Además, las comisiones por pagos transfronterizos serán iguales a aquellas que le cobraría por operaciones nacionales equivalentes.
- Ante eventuales gastos asociados a la operación de pago, estos se liquidarán al margen del importe de la operación, lo que también redundará en una mayor transparencia.
- Sin perjuicio de la debida diligencia en la notificación de incidencias, el consumidor dispone de 13 meses para solicitar la rectificación de operaciones incorrectas o no autorizadas. Salvo fraude o negligencia grave, su responsabilidad por pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de un instrumento de pago extraviado o sustraído se limitará a un máximo de 150 euros.



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